Didier Deschamps ENG | España 1-2 Francia
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Todo procedimiento judicial conlleva gastos como los honorarios del Abogado y del Procurador, en la medida en que se requiera su intervención, los servicios de los peritos designados por el tribunal, los gastos notariales, los gastos de obtención de actas, las transcripciones de testimonios…
La sentencia definitiva determinará las costas del litigio, que normalmente serán a cargo de la parte vencida, que estará obligada a sufragar los gastos de su propio Abogado y Procurador de los Tribunales, además de los gastos de la otra parte.
En algunos casos concretos, la sentencia firme puede determinar que cada parte se haga cargo de los gastos en que haya incurrido. Suele ocurrir en casos relacionados con la familia (por ejemplo, procesos de divorcio) y casos laborales.
El litigante que pierde el juicio puede recurrir la cuantía de las costas que se le han impuesto. Se le dará un plazo para pagar las costas del litigio. Si no cumple el plazo, se le puede obligar a pagar dichas costas.
Si el demandado acepta la demanda del demandante antes de presentar un escrito de contestación, no será responsable de las costas en que haya incurrido el demandante. Sin embargo, en este caso, el demandado puede ser excepcionalmente condenado en costas, si el tribunal considera que ha actuado con mala intención.
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A menudo ocurre que un cliente decide litigar con la firme creencia de que el litigante ganador recuperará de la otra parte, “parte perdedora”, los honorarios de los abogados y las costas del caso. ¿Pero es cierto? La respuesta corta es “a veces, pero casi siempre cuando se gana”. Decimos “casi siempre” porque cada vez es más frecuente que, incluso cuando se gana un caso, no se garantice la recuperación de los honorarios de los abogados.
El principio básico es que cada litigante tiene la obligación de pagar las costas y los honorarios de los abogados relacionados con su defensa. Al final del procedimiento, la sentencia final incluirá una decisión relativa a los honorarios. Es decir, en España cada litigante paga sus propios honorarios a menos que una sentencia disponga lo contrario. Si no hay una decisión clara tomada por el juez, esto significaría que cada litigante pagaría los honorarios y los costes incurridos. Este asunto puede convertirse en un gran problema si no se ha aclarado con el cliente antes de iniciar la acción.
Normalmente, la sentencia se limita a indicar qué litigante tendrá que pagar los honorarios y las costas de todo el caso, pero no decide el importe total. Una vez concluida la Sentencia, la parte interesada en recuperar los honorarios tendrá que presentar en el juzgado un incidente “extraordinario” llamado “incidente de tasación de costas”. Esto significa que el secretario del juzgado determinará la cantidad total a pagar. Para ello la parte receptora tendrá que presentar la factura del abogado con los servicios prestados junto con los gastos del caso. Es importante saber que la factura a presentar tendrá que ser elaborada según los “criterios de honorarios” aprobados por el Colegio de Abogados y no según los honorarios que cada cliente paga a su abogado. Esto significa que un cliente puede pactar una cantidad por los honorarios del abogado que no podrá recuperar totalmente de la parte contraria (si la cantidad pactada con el cliente supera la cantidad prescrita por el Colegio de Abogados si se establecen los criterios)
Puyol lleva a España a la final de la Copa
Un poder notarial (P.O.A.) es una autorización otorgada por el donante (persona que otorga el poder) a una o varias personas (apoderados), para que puedan firmar contratos, escrituras, etc. en su nombre. Debe firmarse ante notario. En español, recibe el nombre de “Poder Notarial”.
Si va a comprar o vender una propiedad en España, es muy probable que su abogado le pida que firme un Poder Notarial que incluya esta facultad, y también una serie de otros poderes relacionados con cualquier transacción inmobiliaria, como la representación fiscal, la apertura de cuentas bancarias, la contratación de servicios públicos, etc.
Normalmente, el poder se otorga a un abogado, pero también es habitual otorgar poderes a familiares o amigos, etc., y es una práctica muy común otorgar poderes recíprocos entre los cónyuges para que cada uno pueda realizar transacciones plenamente válidas y vinculantes para ambos.
También podemos preparar un poder, si usted no requiere ninguno de nuestros servicios en este momento. Este puede ser a nuestro favor, para que lo tengamos listo para el momento en que necesite algo de nosotros, o también puede incluir a su cónyuge o a cualquier otra persona. En este caso, nuestros honorarios por asistir en la ejecución de un Poder en España, serán de 250,00 Euros + IVA, o 150,00 Euros + IVA si el documento se va a firmar en el Reino Unido o Irlanda (otros países por favor pregunten). Nuestros honorarios no incluyen los gastos de notaría, que usted deberá pagar.
El tipo equivocado: Lo que le pasó a Brandon Mayfield
A veces los extranjeros en España se ven envueltos en un proceso penal o a punto de estarlo. Obviamente, no conocen nuestro procedimiento penal. Si usted o un familiar cercano tiene problemas penales, debe leer este artículo.
Aunque el tiempo de detención no puede exceder de 72 horas, una reciente sentencia del Tribunal Constitucional sostiene que la Policía no puede retener al detenido más allá del tiempo absolutamente necesario. Por ello, lo habitual es que el detenido sea puesto a disposición judicial en un breve plazo de 24 horas desde la detención.
Después de haber realizado todo el protocolo de identificación obligatorio, el detenido es instruido sobre sus derechos fundamentales, ayudado por un intérprete si el sospechoso no habla español. Entre esos derechos, cabe destacar los siguientes:
Como en todos los países occidentales, la declaración ante la Policía es un derecho fundamental, no una obligación. Recomendamos a los clientes que no declaren en la Comisaría por una razón importante: el abogado de la Policía no conoce los detalles del supuesto delito. El abogado sólo conoce el tipo de delito y menos; no puede acceder al expediente policial todavía, por lo que es difícil trazar una estrategia a desarrollar en la fase posterior del procedimiento. Tenga en cuenta que todo lo que diga en ese momento condicionará su posición futura. La misión del abogado en esa fase consiste principalmente en evitar cualquier mala conducta policial hacia el cliente.