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La división política del Reino de España está definida en la Parte VIII de la Constitución española de 1978, que establece tres niveles de organización territorial: municipios, provincias y comunidades autónomas,[1] constituyendo el primer grupo las subdivisiones del segundo, y el segundo las subdivisiones del último. El Estado[2] garantiza la realización del principio de solidaridad procurando establecer un equilibrio económico entre las distintas zonas del territorio español[2].

Las comunidades autónomas se constituyeron en ejercicio del derecho a la autonomía o autogobierno que la Constitución garantiza a las nacionalidades y regiones de España,[3] al tiempo que declara la indisoluble unidad de la nación española. [4] Las comunidades autónomas gozan de una forma de organización territorial muy descentralizada, pero basada en la desconcentración, por lo que España no es una federación,[5] ya que el Estado es superior a las comunidades y conserva la plena soberanía[5] A falta de una definición explícita en la Constitución, el Tribunal Constitucional de España ha calificado este modelo de organización territorial como “Estado de las Comunidades Autónomas”, para no dar a entender ningún modelo concreto[5].

Territorio de España

La política de España se desarrolla en el marco establecido por la Constitución de 1978. España se constituye como un país soberano social y democrático[1] en el que la soberanía nacional reside en el pueblo, del que emanan los poderes del Estado[1].

La forma de gobierno en España es una monarquía parlamentaria,[1] es decir, una monarquía constitucional social y democrática representativa en la que el monarca es el jefe del Estado, mientras que el presidente del Gobierno -cuyo título oficial es “Presidente del Gobierno”- es el jefe de gobierno. El poder ejecutivo lo ejerce el Gobierno, que está integrado por el primer ministro, los vicepresidentes del gobierno y otros ministros, que colectivamente forman el Gabinete o Consejo de Ministros. El poder legislativo corresponde a las Cortes Generales, un parlamento bicameral constituido por el Congreso de los Diputados y el Senado. El poder judicial es independiente del ejecutivo y del legislativo, administrando justicia en nombre del Rey por medio de jueces y magistrados. El Tribunal Supremo de España es el más alto tribunal de la nación, con jurisdicción en todos los territorios españoles, superior a todos en todos los asuntos excepto los constitucionales, que son competencia de un tribunal distinto, el Tribunal Constitucional.

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Sistema político de España

El Gobierno está formado por el Presidente del Gobierno y los Ministros; el Presidente del Gobierno tiene la dirección general de los Ministros y puede nombrar o cesar sus nombramientos libremente y todos ellos pertenecen al órgano supremo de decisión, conocido como Consejo de Ministros. El Gobierno es responsable ante el Parlamento (Cortes Generales), y más concretamente ante el Congreso de los Diputados, órgano que elige al Presidente del Gobierno o lo destituye mediante una moción de censura. Y es que España es un sistema parlamentario establecido por la Constitución de 1978.

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Su regulación fundamental se encuentra en el Título IV de la Constitución, así como en el Título V de la misma, en cuanto a su relación con las Cortes Generales, y en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Según el artículo 97 de la Constitución y el artículo 1.1 de la Ley del Gobierno, “el Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes”.

Política de España

El pueblo filipino, implorando la ayuda de la Divina Providencia, con el fin de establecer un gobierno que encarne sus ideales, conserve y desarrolle el patrimonio de la nación, promueva el bienestar general y se asegure a sí mismo y a su posteridad las bendiciones de la independencia bajo un régimen de justicia, libertad y democracia, ordena y promulga esta Constitución.

Sección 1. Las Filipinas comprenden todo el territorio cedido a los Estados Unidos por el tratado de París celebrado entre los Estados Unidos y España el diez de diciembre de mil ochocientos noventa y ocho, cuyos límites se establecen en el artículo III de dicho tratado, junto con todas las islas comprendidas en el tratado celebrado en Washington entre los Estados Unidos y España el séptimo día de noviembre de mil novecientos, y en el tratado celebrado entre los Estados Unidos y Gran Bretaña el segundo día de enero de mil novecientos treinta, y todo el territorio sobre el que el actual Gobierno de las Islas Filipinas ejerce jurisdicción.

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