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Una vez concluido el estado de alarma o las prórrogas del ERTE acordadas por el Gobierno con la conformidad de los agentes sociales, y por tanto finalizadas las circunstancias que motivaron el expediente de regulación, el trabajador continuará con la relación laboral con normalidad.
Durante este tiempo, habrá cotizado con normalidad a través del fondo creado por el Gobierno, sin embargo, el derecho a las pagas extras o a las vacaciones no se habrá devengado durante la suspensión del contrato por ERTE si la suspensión del contrato fue al 100%.
Hay que tener en cuenta que no es cierto que se haya prohibido el despido en España. Lo que se ha prohibido es utilizar la situación de la actual crisis sanitaria para acudir al despido por CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS O PRODUCTIVAS, un tipo de extinción de empleo menos costoso para el empresario, y con la excepción de la no aplicación a aquellas empresas en las que exista riesgo de quiebra que podrán realizar despidos de esta forma sin incumplir el compromiso de mantenimiento del empleo.
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A medida que se hace más evidente que la crisis del coronavirus en España creará importantes problemas para las empresas a largo plazo, muchas de ellas están aprovechando el régimen de regulación temporal de empleo “ERTE” para reducir sus propios costes al tiempo que protegen los ingresos de sus empleadores.
El “ERTE” es un instrumento financiero que hasta ahora puede resultar desconocido para la mayoría de nosotros, pero que probablemente pasará a formar parte del vocabulario cotidiano de España en un futuro muy próximo. En esencia, permite a las empresas y compañías que se enfrentan a una crisis financiera temporal desprenderse de los costes de personal mediante el despido de la plantilla hasta que las condiciones cambien y sea factible volver a contratarlos, a la vez que proporciona beneficios a los trabajadores para que no se vean privados de sus ingresos, recibiendo una parte importante de sus ganancias normales de los fondos estatales de la Seguridad Social.
Al seguir contratados, los trabajadores no tienen derecho a una indemnización por despido. Esta es una de las principales características que diferencian el ERTE del ERE – un plan de despido permanente al que se accede cuando las empresas se enfrentan a dificultades insuperables que les obligan a despedir a la plantilla.
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Mediante un ERTE, la empresa suspende el contrato de trabajo del empleado o reduce su jornada (con el consiguiente recorte salarial proporcional) por causas de fuerza mayor o por motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción. No se despide al trabajador, pero se suspende temporalmente el contrato de trabajo, es decir, se le suspende.
Ante la situación de alarma por el virus corona y el cierre de muchas empresas, el Gobierno español aprobó el Real Decreto del 17 de marzo. Este Decreto establecía medidas excepcionales para los ERTEs. Agilizó el procedimiento y flexibilizó sus requisitos.
Este tipo de ERTE puede mantenerse durante el estado de alarma. Tiene ventajas para el trabajador, por ejemplo que no será necesario tener un tiempo mínimo de cotización para poder solicitar el cobro del paro. En una situación normal es necesario haber trabajado al menos 360 días en los últimos seis años anteriores al despido. Sin embargo, durante el estado de alarma se ha eliminado este requisito.
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El acuerdo entre sindicatos y patronal para prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) está “al alcance de la mano”, según José Luis Escrivá, ministro español de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La ministra española de Trabajo, Yolanda Díaz, del partido de izquierdas Unidos Podemos, también se mostró optimista y dijo que el acuerdo para prorrogar los regímenes del ERTE hasta al menos el 31 de mayo -día en que expira el “estado de alarma”- estaba casi hecho.
Independientemente de un acuerdo, Díaz dijo a los medios de comunicación españoles que la coalición de gobierno de los socialistas PSOE y Unidos Podemos está dispuesta a mantener vivos los ERTE actuales para proteger los empleos en los sectores más vulnerables – principalmente el turismo y los servicios de hostelería como hoteles, restaurantes y cafeterías, informó EFE.
En virtud de este plan, el Estado español entrega a los trabajadores alrededor del 70% de su salario y prohíbe a las empresas el despido. En caso de fraude o despido, las empresas deben devolver las exenciones de las cotizaciones a la Seguridad Social y se arriesgan a fuertes sanciones.